“Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”. Con esta definición, la secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Dra. Valeria Capotorto, marcó uno de los ejes centrales de su exposición ante el cuerpo de concejales, durante la presentación del Presupuesto Municipal 2027, realizada en las instalaciones del Museo Municipal Virginia Choquintel. La funcionaria defendió la autonomía financiera de la ciudad y advirtió que los compromisos de endeudamiento asumidos por el Gobierno provincial no pueden trasladarse a las finanzas municipales ni comprometer los recursos necesarios para sostener los servicios que reciben los vecinos.

El proyecto contempla recursos totales por $239.505 millones y fue elaborado bajo una premisa central: sostener los servicios públicos, fortalecer la atención sanitaria y social y garantizar la continuidad de las políticas municipales, en un escenario económico marcado por la pérdida de empleo, la caída del consumo y las restricciones financieras.

Capotorto remarcó que el 83% de los ingresos previstos para 2027 corresponde a coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías. Por ese motivo, explicó que la disponibilidad efectiva de esos recursos resulta determinante para el funcionamiento del Municipio.

“Río Grande no es un costo dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia. La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo.

La funcionaria insistió en que la coparticipación no constituye una asistencia económica que el Gobierno provincial pueda otorgar según su disponibilidad financiera, sino una obligación institucional de transferir fondos que legalmente pertenecen a los municipios.

En ese sentido, diferenció dos problemas que afectan las finanzas locales: la disminución de los recursos coparticipables como consecuencia de la caída de la actividad económica y las demoras provinciales en transferir fondos que ya corresponden a Río Grande.

Uno de los aspectos más importantes de la presentación estuvo relacionado con la deuda que la Provincia mantiene con el Municipio.

Capotorto recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a los $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Según los registros expuestos, desde la presentación del presupuesto esa deuda se incrementó aproximadamente otros $2.000 millones.

También señaló que el Tribunal de Cuentas provincial, en su análisis de la Cuenta de Inversión 2025, había registrado una deuda superior a los $11.000 millones al cierre de ese ejercicio.

La secretaria cuestionó que, pese al acuerdo alcanzado recientemente con el Ministerio de Economía provincial para reducir los plazos de transferencia e impedir nuevos incrementos de la deuda, el Municipio debiera realizar una nueva intimación por diferencias superiores a $650 millones correspondientes a esta semana.