El abogado ushuaiense Jorge Hernández consideró que existen aspectos que requieren mayor investigación en el caso de Francisco Álvarez Ruiz, el hombre que viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia e intentó llevarse a una niña de 12 años en las inmediaciones de su colegio.

En declaraciones a FM Provincia, el letrado expresó sus sospechas sobre las circunstancias que rodearon el episodio. “Acá hay otra cosa”, manifestó, y sostuvo que “habría que rascar un poquito más para ver hasta dónde se llega”.

Hernández puso el foco en el recorrido del hombre: la compra del pasaje, el traslado hasta Tierra del Fuego y su llegada al establecimiento educativo donde concurría la menor. “Es todo muy extraño”, afirmó. No obstante, reconoció que no participa del expediente y que le gustaría conocer el desarrollo de la investigación.

El caso derivó en una resolución del Juzgado de Instrucción Nº3 del Distrito Judicial Sur, que declaró inimputable a Álvarez Ruiz y dispuso su sobreseimiento, junto con su internación en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, con custodia policial. La decisión se apoyó en una evaluación interdisciplinaria sobre su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

Sobre ese punto, Hernández remarcó la importancia del dictamen pericial y señaló que, para analizar los fundamentos de la declaración de inimputabilidad, resulta necesario conocer esa evaluación. También reconoció la reacción que provocó la noticia: “Esto genera indignación, sí, genera bronca, sí”.

El abogado planteó, además, interrogantes sobre las medidas posteriores a la resolución judicial. Se refirió al costo de mantener una internación y a la responsabilidad de afrontar esa atención, teniendo en cuenta que el hombre llegó desde Buenos Aires. “Hay que ver quién se va a hacer cargo”, expresó.

Durante la entrevista, Hernández también advirtió sobre la presencia creciente del grooming en las consultas y causas que observa en su actividad profesional. “El grooming también está en auge”, sostuvo, y mencionó las redes sociales, los servicios de mensajería y los videojuegos como espacios en los que pueden producirse acercamientos de adultos a menores.

Para ilustrar las señales que pueden advertir las familias, relató el caso de una madre que comenzó a sospechar al notar que su hija hablaba más de lo que jugaba mientras utilizaba una consola. Según explicó, esa observación permitió detectar la situación y realizar una denuncia. “Hay que estar muy atentos”, remarcó.

Hernández destacó que las denuncias permiten activar investigaciones para identificar a quienes están detrás de los perfiles digitales. Describió procedimientos que pueden incluir el análisis de cuentas y el secuestro de computadoras, teléfonos y consolas, y aclaró que el avance de cada causa depende de las pruebas que se logren reunir.

También señaló que esas investigaciones pueden revelar otros delitos vinculados con material de explotación sexual infantil. “No queda solo en contactos a través de las plataformas digitales”, manifestó.

Al referirse a las dificultades para investigar desde Tierra del Fuego cuando hay personas involucradas en otras provincias, mencionó las comunicaciones entre jurisdicciones, los exhortos y la reiteración de oficios. “Las distancias siempre juegan en contra”, afirmó, y explicó que esos trámites pueden volver más lento el trabajo judicial.