El legislador provincial Matías Lapadula cuestionó la retención de recursos de coparticipación a Río Grande y señaló que las responsabilidades no se agotan en el gobernador Gustavo Melella. En declaraciones a FM Provincia, apuntó a las distintas áreas que participan en el circuito de transferencias y sostuvo que sus funcionarios deben responder por el cumplimiento de las obligaciones con los municipios.

“Hoy no es un problema solamente del gobernador. Es un problema de quien está en Tesorería, de quien está en la Contaduría, de quien está en la Secretaría de Hacienda, quien está en el Ministerio de Economía, porque están incumpliendo con la Constitución y la ley”, afirmó.

El integrante del bloque Provincia Grande defendió las intimaciones realizadas por el Municipio y destacó que el reclamo también haya sido dirigido a los funcionarios que intervienen en el manejo de esos recursos.

“Creo que el municipio hizo lo que había que hacer, que primero fue intimar, no solo al Gobierno de la provincia, sino intimar a cada uno de los funcionarios que participan”, expresó. En ese marco, sostuvo: “Acá hay incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Para Lapadula, la obligación de transferir la coparticipación está establecida y compromete a quienes deben hacerla efectiva. “Hay una Constitución y una ley que dice cómo se debe transferir la coparticipación a los municipios. Cuando vos lo incumplís, el problema lo tenés vos”, remarcó.

El legislador reclamó que el Ejecutivo reconozca la situación y avance en una solución que permita regularizar los envíos. Pidió “dejar de negar el problema” y comenzar no solamente a cumplir con las transferencias, sino también a reducir los días de atraso.

Además, vinculó la deuda con una estrategia para debilitar a la gestión de Río Grande de cara a la disputa electoral. “Hay una clara intencionalidad política”, aseguró, y relacionó esa lectura con las manifestaciones de dirigentes de FORJA sobre una eventual vuelta de Melella al Municipio.

Según planteó, generar dificultades financieras a la administración local afecta la continuidad de sus políticas y los servicios que presta. También acusó al Gobierno provincial de sostener parte de sus gastos con recursos que corresponden a las ciudades.

“Se financian con plata de los municipios”, cuestionó.

En otro tramo de la entrevista, Lapadula advirtió sobre la posibilidad de que la devolución de los adelantos de coparticipación recibidos por la Provincia termine afectando los fondos municipales. “Sería otra ilegalidad más”, respondió.

Explicó que los convenios de esos adelantos fueron enviados a la Legislatura para su ratificación y que, a partir de un planteo suyo, se incorporaron disposiciones para resguardar los recursos de las ciudades.

“Se incluyó un artículo donde decía específicamente que ninguno de los intereses ni devoluciones podía afectar lo que correspondía a cada uno de los municipios”, señaló.

Por ese motivo, sostuvo que cualquier descuento sobre la parte municipal para afrontar esos compromisos vulneraría también las condiciones aprobadas por la Legislatura. “Cuando se retenga de la coparticipación esos adelantos, si lo detrae a los municipios, estará incumpliendo también la ley de la Legislatura que aprobó y ratificó esos convenios”, advirtió.