miércoles 18 de noviembre de 2026 - Edición Nº2905

Política | 18 nov 2026

Milei no suelta el Puerto de Ushuaia:

Nación prorrogó la intervención y dejó a Tierra del Fuego sin fecha para recuperarlo

14:00 |El Gobierno nacional decidió extender la intervención del Puerto de Ushuaia mediante la Resolución 69/2026, firmada este miércoles 18 de noviembre. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación mantendrá el control operativo, técnico y administrativo de la terminal hasta que se complete un nuevo plan de obras de infraestructura. La disposición no establece una fecha concreta para devolver su administración a la Provincia y condiciona el levantamiento de la medida al cumplimiento de las exigencias nacionales.


El Gobierno de Javier Milei resolvió prolongar la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, una de las principales infraestructuras estratégicas de Tierra del Fuego, y mantener bajo control nacional su funcionamiento, administración y recursos operativos.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), fechada el 18 de noviembre de 2026 y firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor.

La principal modificación es que la intervención continuará vinculada al cumplimiento de un Plan de Obras de Infraestructura, sin que se establezca una fecha concreta para su finalización.

De esta manera, la administración del puerto permanecerá en manos de Nación mientras se ejecutan las reparaciones, adecuaciones técnicas y mejoras de seguridad contempladas en la nueva disposición.

Una intervención que se extiende más allá del plazo original

La intervención comenzó el 20 de enero de 2026, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dictó la Resolución 4/2026, mediante la cual dispuso asumir la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal por doce meses, con posibilidad de prórroga mediante un acto fundado.

La medida original se sustentó en una serie de inspecciones realizadas durante el segundo semestre de 2025, en las que el organismo nacional afirmó haber detectado incumplimientos relacionados con las condiciones de funcionamiento del puerto.

Entre las irregularidades señaladas se encontraban el deterioro estructural del muelle comercial, deficiencias de seguridad, problemas de mantenimiento, falta de controles ambientales adecuados y cuestionamientos sobre la utilización de fondos provenientes de la actividad portuaria.

La nueva resolución sostiene que esas observaciones todavía no fueron subsanadas completamente, pese a los avances registrados desde el inicio de la intervención.

Según la autoridad nacional, la magnitud de los trabajos pendientes impide dar por finalizada la medida y justifica mantener la administración del puerto bajo responsabilidad de la Agencia.

Las obras que Nación exige para levantar la intervención

La Resolución 69/2026 aprueba un nuevo Plan de Obras de Infraestructura que contempla una serie de intervenciones consideradas necesarias para garantizar las condiciones técnicas y operativas de la terminal.

Entre los trabajos incluidos aparecen el recambio y la reparación del muelle comercial, la ampliación de las redes eléctricas y de provisión de agua, la construcción de muelles para catamaranes y la reparación del pontón de ese sector.

También se contemplan la recuperación de los sanitarios utilizados en el área de catamaranes, la reparación integral de los sitios 3 y 5 del muelle comercial, la adecuación del frente del sitio 1 y la instalación de una red contra incendios.

Otro de los trabajos incorporados es el reflotamiento del Dique Y-3, junto con mejoras en diferentes sectores destinados a las operaciones portuarias.

Además, el plan prevé intervenciones sobre la playa de contenedores, la reparación de pavimentos, mejoras en los accesos, adecuaciones de tableros eléctricos y la instalación de una estación hidrométrica.

El cumplimiento de este conjunto de obras será determinante para establecer cuándo podrá finalizar la intervención nacional.

Seguridad portuaria y controles pendientes

La disposición también identifica una serie de obligaciones relacionadas con la seguridad y los procedimientos operativos del puerto.

Entre ellas figuran una auditoría de protección pendiente ante la Prefectura Naval Argentina, la convalidación del Plan Nacional de Contingencia (PLANACON), la regularización de los dispositivos de salvamento y la renovación del sistema de videovigilancia.

Asimismo, se establecen necesidades vinculadas con los controles de potabilidad del agua, el equipamiento destinado a la inspección de equipajes y la integración de los sistemas informáticos, operativos y contables.

Si bien la Agencia Nacional de Puertos y Navegación reconoció mejoras en distintos aspectos desde enero, consideró que todavía existen cuestiones técnicas y administrativas que deben resolverse.

Nación continuará administrando las instalaciones y los recursos portuarios

Otro punto relevante de la Resolución 69/2026 es la delimitación de los bienes e instalaciones alcanzados por la intervención.

La medida comprende la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos, instalaciones y los espacios terrestres y acuáticos vinculados directamente con las operaciones de la terminal.

La resolución también contempla que los ingresos provenientes de las tarifas portuarias sean destinados a financiar las inversiones necesarias para mejorar las instalaciones.

En consecuencia, el organismo nacional conservará la gestión administrativa y operativa de las áreas intervenidas, así como la administración de los recursos relacionados con esa actividad, durante la continuidad de la medida.

Esto no representa una transferencia de propiedad del Puerto de Ushuaia, pero sí mantiene desplazada a la administración provincial de las funciones comprendidas en la intervención.

Un puerto estratégico para el turismo y la Antártida

La importancia del Puerto de Ushuaia trasciende las operaciones comerciales habituales. La terminal constituye uno de los principales puntos de ingreso del turismo internacional a Tierra del Fuego y un centro logístico fundamental para las expediciones hacia la Antártida.

Su actividad comprende la recepción de cruceros, embarcaciones turísticas, operaciones de abastecimiento y servicios vinculados con la navegación austral.

Precisamente, cuando se dispuso la intervención original, Nación decidió mantener la operatoria del puerto para evitar interrupciones en los servicios y perjuicios durante la temporada de cruceros.

La nueva resolución mantiene ese criterio de continuidad operativa mientras se desarrollan los trabajos de infraestructura previstos.

Sin fecha concreta para recuperar la administración

El aspecto más significativo de la Resolución 69/2026 es la ausencia de un plazo determinado para poner fin a la intervención.

A diferencia del esquema inicial, que contemplaba un período de doce meses prorrogables, la nueva decisión vincula la continuidad de la medida al cumplimiento de las obras y adecuaciones establecidas por la autoridad nacional.

Esto significa que Tierra del Fuego no cuenta actualmente con una fecha oficial para recuperar la administración del Puerto de Ushuaia, cuya gestión seguirá en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

La resolución tampoco establece un cronograma definitivo que permita precisar cuándo estarán terminadas todas las intervenciones exigidas.

Así, el Gobierno nacional prolonga su control sobre una infraestructura fundamental para la economía y la actividad marítima fueguina, mientras la finalización de la intervención permanece condicionada a la ejecución del plan de obras aprobado por la propia Nación.

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