“No hay licitaciones de la Provincia. Todo este año no hubo”, afirmó en diálogo con FM Provincia. Al explicar cómo continúan trabajando las constructoras, señaló: “Vamos a tratar de seguir subsistiendo”. Indicó que varias empresas ya se reinventaron mediante obras privadas o proyectos que gestionan por cuenta propia.
Noval aclaró que esas alternativas no están disponibles por igual en toda Tierra del Fuego. En Ushuaia se mantienen inversiones en hoteles, edificios y otros emprendimientos inmobiliarios, con participación de capitales locales y de afuera de la provincia. En Río Grande, en cambio, la obra privada no muestra un repunte que permita compensar la falta de nuevos contratos públicos. “La problemática la tenemos en Río Grande”, sostuvo.
Entre los trabajos que hoy generan actividad, mencionó las obras de pavimentación del Municipio de Ushuaia, en las que participan empresas asociadas a la Cámara. Destacó las intervenciones en el sector del Monte Susana, una zona donde avanzaron las construcciones y los servicios, pero faltaba completar la infraestructura vial.
El dirigente también confirmó que las 414 viviendas del IPV en Río Grande y Ushuaia tienen prevista su finalización durante 2027, aunque algunas todavía requieren obras complementarias. Explicó que el organismo abrió una licitación de infraestructura para un grupo de aproximadamente 120 viviendas en Río Grande y que las ofertas se encuentran en evaluación. “No tiene sentido tener terminado un departamento y no tener servicio”, remarcó.
Otra expectativa del sector está puesta en las licitaciones nacionales para el muelle y las naves de la Armada en Ushuaia. Noval indicó que empresas fueguinas buscan asociarse con constructoras de otras provincias para participar en esos proyectos. También señaló que las firmas interesadas en la obra del muelle comenzaron a consultar a proveedores locales por personal, alojamiento y servicios. Si los contratos se adjudican y los trabajos comienzan, estimó que podrían generar empleo para trabajadores de la provincia durante 2027.
Además de la falta de obras nuevas, Noval alertó por las deudas que siguen acumulándose cuando un contrato queda paralizado. Explicó que a los certificados pendientes pueden sumarse mayores costos y gastos improductivos, como seguros, vigilancia y mantenimiento. “Hay una deuda concreta”, afirmó, y advirtió sobre el efecto de seguir postergando esas obligaciones: “Si no la pagamos nosotros, la van a pagar nuestros hijos”.
Como ejemplo de las consecuencias de esos conflictos, mencionó terrenos urbanizados del sector del Pipo, en Ushuaia, que podrían destinarse a viviendas, pero permanecen afectados por un litigio entre una empresa y la Provincia. Según señaló, no podrán utilizarse hasta que se resuelva la disputa judicial.