La decisión del Gobierno nacional de prorrogar por tiempo indeterminado la intervención del Puerto de Ushuaia profundizó la preocupación entre los operadores turísticos, que advierten sobre las consecuencias económicas que podría enfrentar la provincia en los próximos años. El presidente de FEDECATUR, Ángel Brisighelli, alertó que la continuidad de las recaladas de cruceros durante las temporadas actuales no significa que el conflicto carezca de consecuencias para el futuro de la actividad.
En declaraciones a FM Provincia, el empresario explicó que las compañías navieras organizan sus itinerarios con considerable anticipación, por lo que los inconvenientes operativos que actualmente enfrenta la terminal podrían repercutir en las decisiones comerciales de los próximos años.
“Nuestra preocupación son plazos mucho más largos. Si la operación en el Puerto de Ushuaia es compleja este año, si los sobrecostos y los problemas son importantes, las consecuencias las vamos a sentir de acá a uno o dos años”, advirtió.
Brisighelli señaló que las operaciones previstas para esta temporada y buena parte de la siguiente ya se encuentran programadas, pero que el verdadero impacto podría aparecer cuando las empresas deban decidir si continúan incluyendo a Ushuaia dentro de sus circuitos turísticos.
“El problema es que si alguien decide que no quiere trabajar más en el Puerto de Ushuaia, esa operación, ese crucero, lo vamos a perder en la temporada 28-29”, sostuvo.
El referente turístico planteó que la actividad portuaria podría completar la temporada actual con los arribos programados, sin que eso permita dimensionar las consecuencias de los problemas que atraviesa el sector.
“Vamos a llegar al fin de la temporada y van a decir: ‘Che, pero al final no fue tan grave, tuvimos las 500 y pico de recaladas que estábamos esperando’”, expresó.
Sin embargo, remarcó que el impacto de las complicaciones operativas podría manifestarse recién cuando las compañías internacionales definan sus itinerarios para 2028 y 2029, especialmente si consideran que operar en Ushuaia implica mayores costos o dificultades logísticas.
Brisighelli también explicó cómo las interrupciones en los accesos al puerto obligaron a modificar los horarios habituales de trabajo, generando gastos extraordinarios para las embarcaciones.
Detalló que, ante la posibilidad de bloqueos, algunas operaciones debieron adelantarse varias horas para garantizar el ingreso de camiones, equipamiento, personal de estiba y vehículos destinados al traslado de pasajeros.
“Cuando vos tenés que meter un camión a las tres o cuatro de la mañana para sacar el equipaje del puerto antes de las siete, que te van a hacer el corte, tenés que contratar una mano de estiba adicional”, explicó.
En ese sentido, precisó que solamente una contratación adicional de personal de estiba puede representar entre 5.000 y 7.000 dólares, sin incluir los gastos de transporte, equipamiento y personal necesario para realizar las tareas fuera de los horarios habituales.
“Ya el barco, nada más que de los estibadores, tiene entre cinco y siete mil dólares de costo adicional por hacer esa operación más temprano, más las horas adicionales de los equipos, del camión y de la gente que tenés que pagar”, detalló.
El empresario aclaró que estos sobrecostos responden a las alteraciones de la operatoria provocadas por los cortes y no necesariamente a incrementos de las tarifas portuarias.
Otro de los principales reclamos de Brisighelli estuvo dirigido a la falta de información sobre las obras que desarrolla la administración nacional dentro del Puerto de Ushuaia.
El presidente de FEDECATUR aseguró que los operadores turísticos desconocen los proyectos previstos para el muelle utilizado por los catamaranes, pese a que observan movimientos de materiales y preparativos para ejecutar trabajos.
“Tenemos un problema con el muelle, no sabemos qué van a hacer. Sabemos que están trabajando porque están acumulando materiales, pero no nos dicen cuál es el plan, no nos dicen cuál es el proyecto”, cuestionó.
Explicó que, si bien existen contactos con representantes de ANPYN, las conversaciones no permiten acceder a información concreta para organizar las actividades.
“Es muy difícil organizarse o planificar la forma de trabajar cuando del otro lado no sabés qué están haciendo, porque no te lo dicen”, manifestó.
Brisighelli consideró que la falta de comunicación también perjudica a la propia administración nacional, porque impide que los sectores vinculados con el puerto conozcan las obras que efectivamente se encuentran en ejecución.
“No sabemos qué están haciendo, no entendemos qué están haciendo, no nos dicen qué están haciendo”, insistió.
Respecto de la extensión de la intervención, el empresario manifestó que la medida genera un escenario de mayor incertidumbre, especialmente porque no establece una fecha concreta para devolver la administración del puerto.
En ese marco, cuestionó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la ausencia de gestiones visibles que permitan avanzar hacia una solución institucional.
“Esta es una cuestión política entre la Nación y la Provincia, y tienen que sentarse Nación y Provincia a discutir y a ver cómo solucionan este tema”, afirmó.
Brisighelli sostuvo que el sector privado puede plantear sus preocupaciones y advertir sobre los problemas que enfrenta la actividad, pero no tiene facultades para resolver una controversia entre ambas jurisdicciones.
“No vemos de ninguno de los dos lados, a los cuadros principales, más allá de declaraciones y cosas por el estilo, trabajando activamente para solucionar este problema”, cuestionó.
El titular de FEDECATUR consideró necesario que las autoridades mantengan reuniones y establezcan mecanismos de negociación que permitan definir el futuro de la terminal portuaria. También reconoció que podrían existir conversaciones reservadas, aunque señaló que no se conocen avances públicos.
Durante la entrevista, Brisighelli también se refirió a las manifestaciones sindicales que se desarrollan en los accesos al puerto.
Reconoció que durante los últimos días los trabajadores modificaron la modalidad de sus reclamos, permitiendo la circulación de vehículos en determinados momentos y evitando interrupciones completas de la actividad.
El empresario valoró ese cambio de actitud porque permitió mantener las operaciones turísticas y comerciales, aunque con algunas demoras, y expresó su expectativa de que esa modalidad continúe durante los próximos días.
Explicó que anteriormente los cortes totales habían provocado mayores dificultades, mientras que las manifestaciones recientes permitieron compatibilizar el reclamo laboral con el funcionamiento de la terminal.
Brisighelli también analizó la resolución nacional que prolongó la intervención del puerto y señaló que el organismo estableció una serie de objetivos y obras pendientes, pero sin determinar una fecha específica para finalizar la medida.
Consideró que esta decisión vuelve más complejo el panorama político y administrativo, al tiempo que aumenta la incertidumbre de los sectores que dependen de la actividad portuaria.
Al ser consultado sobre si la prórroga representa un avance hacia una solución, fue categórico:
“Desde el punto de vista político, desde el punto de vista del horizonte de resolución del conflicto, indudablemente esto lo ha alejado”, expresó.
“Sin duda, no ha sido un paso adelante en la resolución de todo este problema”, sostuvo Brisighelli.