La Resolución 69 de ANPYN abrió un nuevo capítulo en la disputa por la administración del Puerto de Ushuaia. María Ángeles Arroyo sostuvo que el organismo nacional presentó un cronograma de trabajos que, lejos de justificar la continuidad de la medida, expone contradicciones sobre las supuestas deficiencias estructurales denunciadas inicialmente.
Durante una entrevista con FM del Pueblo, la funcionaria explicó que el Gobierno fueguino analiza la documentación para ampliar sus cuestionamientos judiciales.
“Claramente esto va a estar presentado en nuestra causa, la que está tramitando la Corte Suprema, como un hecho nuevo y como un agravante más de esta intervención”, adelantó.
Arroyo recordó que Nación había argumentado problemas de seguridad e infraestructura para desplazar a las autoridades provinciales. Sin embargo, señaló que la terminal continuó operando normalmente y recibió las recaladas programadas, sin registrarse incidentes relacionados con las condiciones del muelle.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al anexo técnico que acompaña la resolución. Según Arroyo, ANPYN incluyó nueve obras dentro del apartado de trabajos en curso, aunque solamente una se encuentra efectivamente en ejecución.
“De las obras que supuestamente están en curso, que son nueve obras, solamente una está en curso desde el mes de septiembre, que es un cambio en el frente del muelle comercial, en las defensas del muelle”, precisó.
La funcionaria explicó que los restantes trabajos presentan fechas de inicio posteriores, con proyectos programados para 2027, 2028 y hasta diciembre de 2029.
“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos”, denunció.
También aseguró que varios de esos proyectos ya estaban contemplados por la Dirección Provincial de Puertos, con expedientes iniciados y procedimientos administrativos en diferentes etapas de tramitación.
“Todas estas obras estaban tramitando desde la DPP. Estaban totalmente previstas dentro del plan de obras de la Dirección Provincial de Puertos”, afirmó.
Arroyo también cuestionó la calidad de la documentación técnica utilizada para respaldar los trabajos anunciados.
“La verdad es que son bastante paupérrimos técnicamente. Esto lo puede hacer cualquiera con un par de fotos en inteligencia artificial”, expresó.
La secretaria sostuvo que los anexos contienen descripciones generales y carecen, a su criterio, del desarrollo que debería presentar un organismo especializado en infraestructura portuaria.
“No es un informe de una agencia que tiene la responsabilidad de inspeccionar todos los puertos de la Argentina, que debería tener un personal técnico, un equipo técnico que pueda desarrollar un plan de obras serio”, cuestionó.
Además, señaló que muchos de los trabajos previstos tienen plazos de ejecución de apenas uno o dos meses.
“Son obras menores, claramente no es una modernización del Puerto de Ushuaia”, remarcó.
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con la administración de los recursos económicos. Arroyo denunció que ANPYN percibe la recaudación portuaria mientras el Gobierno provincial continúa pagando los salarios de trabajadores que quedaron desplazados de sus funciones.
Explicó que distintos organismos solicitaron información sobre el destino de esos fondos, pero aseguró que las autoridades nacionales no respondieron los requerimientos.
“Tanto la Dirección de Puertos como otros organismos han remitido notas a ANPYN para que informe, y la realidad es que no responden ninguna nota”, manifestó.
También advirtió sobre las dificultades financieras que podría enfrentar la Provincia si la situación continúa prolongándose.
“Si esta intervención se extiende, se complica que la Provincia se haga cargo de estos salarios”, señaló.
La funcionaria confirmó que los equipos legales trabajan en la presentación de la Resolución 69 como un nuevo elemento dentro del expediente judicial que mantiene el Gobierno fueguino.
“Esta resolución 69 nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, aseguró.
Respecto de los trabajadores, Arroyo sostuvo que el Ejecutivo provincial mantiene el compromiso de garantizar sus haberes, aunque reconoció que la continuidad del actual esquema incrementa las dificultades económicas.
“La gestión provincial ha tomado el compromiso de hacerse cargo de esos haberes”, expresó, y afirmó que “la solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”.