Durante una entrevista con FM del Pueblo, Tita expresó su preocupación por la continuidad de una intervención que considera injustificada y que, según sostuvo, constituye un avance sobre las facultades que corresponden al Estado provincial.
“Nunca hubo razones ciertas para esto que hicieron, para este atropello a la autonomía de la provincia”, afirmó el legislador, al señalar que tampoco existen fundamentos suficientes para mantener la medida.
Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con los posibles intereses económicos detrás de la decisión nacional. Tita puso bajo sospecha las motivaciones del Gobierno y planteó que la intervención podría responder a negocios antes que a la necesidad de mejorar el funcionamiento del puerto.
“La única idea que tienen, probablemente yo me animo a decir que son los negocios”, manifestó, y agregó que “no hay un interés por el buen funcionamiento del puerto, no hay un interés por el personal del puerto, no hay un interés por el desarrollo genuino de la provincia”.
El diputado también expresó preocupación por la administración de los ingresos que genera el Puerto de Ushuaia, una infraestructura estratégica para la actividad turística, comercial y económica de Tierra del Fuego.
“No sabemos dónde van a parar los recursos. No sabemos qué están haciendo con los recursos que tiene el puerto”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que la Provincia dejó de percibir ingresos provenientes de la actividad portuaria, en un contexto de dificultades financieras y caída de la actividad económica.
Para Tita, la gravedad de la situación no se limita a la discusión sobre quién administra las instalaciones, sino que también alcanza a los fondos que genera el movimiento de cruceros, las operaciones comerciales y los servicios portuarios.
Otro de los puntos señalados por el legislador fue la situación del personal que cumplía funciones antes de la intervención nacional.
“Nuestro puerto quedó en manos de gente que no conoce la administración del puerto, que no les interesa, que corrieron a sus empleados”, cuestionó.
Asimismo, denunció que el Gobierno provincial continúa afrontando el pago de salarios de trabajadores portuarios apartados de sus funciones, mientras la administración de las instalaciones permanece bajo control nacional.
Tita consideró que esta situación refleja una falta de consideración hacia el personal y hacia la sociedad fueguina, debido a la importancia que tiene el puerto para la economía de Ushuaia.
El diputado también se refirió a una licitación por cerca de tres millones de dólares destinada a cuestiones eléctricas del puerto, y planteó interrogantes sobre las prioridades de inversión durante la administración nacional.
Aunque reconoció que la infraestructura necesita modernización y mejoras tecnológicas, sostuvo que esas inversiones deben analizarse en el contexto de una intervención cuya continuidad sigue sin tener un plazo definido.
También recordó que, durante la pandemia, el Puerto de Ushuaia avanzó con obras de ampliación del muelle para mejorar su capacidad operativa y responder al crecimiento sostenido de la llegada de cruceros.
En contraste, advirtió que los puertos chilenos de Punta Arenas y Puerto Williams continúan desarrollando inversiones y proyectando mejoras, mientras Ushuaia permanece atravesada por la incertidumbre administrativa.
“Nuestro puerto quedó en el medio de un limbo”, expresó, al cuestionar el tiempo perdido y las consecuencias que esta situación podría generar sobre la competitividad y el crecimiento de la actividad.
Finalmente, Tita confirmó que continúa impulsando acciones institucionales para reclamar la restitución de la administración portuaria a Tierra del Fuego. Mencionó iniciativas en la Cámara de Diputados, pedidos de informes y gestiones para sumar acompañamiento en el Senado.
“Nunca hubo razones ciertas para esto que hicieron, para este atropello a la autonomía de la provincia”, insistió al rechazar los fundamentos de una intervención que el Gobierno nacional decidió prolongar sin establecer una fecha concreta de finalización.