Por: Ramón Taborda Strusiat

Javier Milei ya anticipó que va a vetar el aumento de las partidas universitarias y se viene otra batalla entre el oficialismo y la oposición.

La reforma electoral volverá a Diputados para su sanción definitiva con la intención de ponerla en práctica en las elecciones legislativas de 2025.

Con votos del kirchnerismo, la UCR y el PRO, el Senado volteó en la madrugada de este jueves el DNU que otorgó fondos millonarios a la nueva SIDE para gastos reservados en una sesión en la que el Gobierno también sufrió la aprobación de la ley de financiamiento universitario y tuvo un triunfo pírrico con el avance de la Boleta Única de Papel (BUP) que sufrió cambios en el camino y volverá a Diputados para su sanción con la intención de ponerla en práctica en las elecciones legislativas de 2025.

El rechazo al controvertido decreto que benefició a la Secretaría de Inteligencia, un área que quedó bajo el ala del asesor estrella Santiago Caputo, con más de $ 100 mil millones fue avalado con 49 votos en contra del DNU, 11 a favor y 2 abstenciones.

Entre los apoyos a la movida impulsada por los K se destacan no sólo los votos de la UCR sino también de los senadores del PRO Alfredo De Angeli, Guadalupe Tagliaferri y María Victoria Huala. Mientras que hubo ausencias estratégicas de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes responden al jefe político Carlos Rovira, y de la rionegrina Mónica Silva, que pertenece al espacio del gobernador Alberto Weretilneck. Las abstenciones fueron de Martín Goerling (PRO-Misiones) y la chubutense Andrea Cristina, quien está alineada con el gobernador Ignacio Torres.

Es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un Decreto de Necesidad y Urgencia desde la reforma constitucional de 1994. Seis gobiernos pasaron en los últimos 30 años, entre peronistas y no peronistas, pero todos apelaron a este recurso para saltear al Congreso.

En el debate de este miércoles, el ultra K Oscar Parrilli justificó su rechazo al decreto al advertir que "no se está en vista de poner fondos para hacer inteligencia" sino que se trata de "una pelea entre distintos funcionarios para hacer espionaje político interno". En este sentido, el ex jefe de la AFI aseguró que quienes están detrás del manejo de estos fondos reservados "son los mismos personajes que hicieron espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri" y por eso presentó una moción para rechazar el DNU.

El oficialista Juan Carlos Pagotto defendió el decreto de Milei y fundamentó que los fondos son repartidos entre las áreas de inteligencia de los ministerios de Seguridad y de Defensa. "La inteligencia no es sólo para perseguir enemigos políticos internos, eso ya lo vivimos", dijo el riojano, quien recordó la amenaza recibida de Irán recientemente a causa del alineamiento de Milei con Israel y Estados Unidos.

El macrista Luís Juez advirtió que se perdió "una oportunidad maravillosa" de escuchar a los responsables del manejo de los fondos, en referencia a una sesión secreta propuesta por el Gobierno para que los ministros de Defensa, Luis Petri; y de Seguridad, Patricia Bullrich; junto al jefe de los espías, Sergio Neiffert informen sobre el destino de las partidas.

Sin embargo, José Mayans salió a cruzarlo. "No perdimos ninguna oportunidad, van a tener que venir a explicar" qué hicieron con los fondos, advirtió el formoseño, quien aclaró que su bloque se negó a tener una sesión secreta porque la consideró "una maniobra de dilación". "No hay plata y le meten 15.000 % de aumento al servicio de inteligencia

Los radicales fueron la llave para rechazar el DNU de la SIDE

La sesión tuvo de todo, pero comenzó a calentarse el miércoles cuando el Presidente recibió a los jefes de los bloques dialoguistas del Senado con la intención de blindar el decreto, un jugada parecida a la que había hecho el lunes cuando reunió a 5 diputados radicales para garantizar así la ratificación del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Sin embargo, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado no pudo imponerse la voluntad de la Casa Rosada, que había propuesto -por idea de Patricia Bullrich- hacer una sesión secreta para que la ministra de Seguridad, su par de Defensa, y el jefe de la SIDE den precisiones sobre el destinos de los fondos reservados.

Victoria Villarruel consiguió que el tema no sea incluido en el temario acordado en la reunión de Labor, pero esa acta no había sido firmada por los jefes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi,y de Unión por la Patria, José Mayans. Por eso no extrañó que en el arranque de la sesión, el jefe del peronismo avanzara con un pedido para incluir el decreto, que enseguida sumó el respaldo radical.

Según trascendió, el jefe de la UCR, presionado por miembros de su bancada, tuvo que hacer una votación interna y hubo 9 votos a favor de que se trate y se derogue mientras que otros tres se opusieron: Vischi, Víctor Zimmermann y Mariana Juri. Quienes están en el mundo radical confiaron que la reacción del bloque del Senado fue consecuencia de lo ocurrido en Diputados con los 5 correligionarios que cambiaron su voto tras la foto con Milei.

Por amplía mayoría se aprobó la ley de financiamiento universitario

Previamente, la oposición en el Senado le dio un fuerte golpe al Gobierno al aprobar y convertir en ley el proyecto de Financiamiento de Universidades Nacionales con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

La propuesta contó con el apoyo de los K, la UCR, los bloques federales y los senadores del PRO Luís Juez y Guadalupe Tagliaferri. Mientras que los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

El presidente Javier Milei ya anticipó que la vetará porque afecta el equilibrio fiscal, lo que anticipa una nueva batalla entre el Congreso y la Casa Rosada, sobre todo luego de haber conseguido ratificar el veto a la ley de actualización jubilatoria

En concreto, lo aprobado por el Senado establece una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

Además se propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La iniciativa fue defendida por el camporista Eduardo "Wado" de Pedro, quien planteó que "el 80% de los docentes está bajo la línea de pobreza". "Llevamos una inflación acumulada de 135% de noviembre de 2023 a julio de 2024. La recomposición salarial fue solo el 57%", apuntó el ex ministro del Interior.

Desde el radicalismo, Flavio Fama también defendió la propuesta y dijo que "las universidades públicas son las que llevan más del 90% de la investigación y el desarrollo en la Argentina" mientras que el senador radical Maximiliano Abad sostuvo que "si no hay gastos para la educación no se podrá salir de la decadencia".

Aprobaron la Boleta Única pero volverá a Diputados

En un primer turno, el Senado aprobó, con modificaciones, la Boleta Única Papel (BUP), que deberá volver a Diputados para convertirse en ley y empezar a aplicarse en las elecciones del año que viene. El triunfo es un consuelo para el oficialismo en medio de una maratónica sesión en la que le esperan duras derrotas con el proyecto de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que otorga millonarios fondos reservados a la SIDE.

El texto se aprobó con 39 afirmativos, de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los partidos provinciales. Hubo 30 en contra de Unión por la Patria.

Si bien La Libertad Avanza intentó, con ayuda del propio presidente Javier Milei, que no se debata el DNU que le otorgó 100 mil millones a la SIDE para gastos reservados el kirchnerismo y la UCR votaron para incluirlo en el temario. También se discutirá el proyecto de Financiamiento Universitario -que viene con media sanción de Diputados- y que Milei ya advirtió que está dispuesto a vetar.

La BUP tuvo media sanción de Diputados en 2022. En el Senado estaba cajoneada. Pero con el cambio de Gobierno, el oficialismo lo tomó como bandera propia y decidió impulsarla.

En enero arrancó el debate, pero la dificultad para conseguir los votos hizo que recién ahora pudiera llegar al recinto y debieron ceder a cambios. Al tratarse de una reforma electoral requería 37 votos afirmativos (la mitad más uno sobre el total de 72 senadores).

El texto original planteaba el modelo cordobés, que concentra en una sola papeleta a todos los cargos a elegir y tiene un formato vertical. Pero los partidos provinciales exigían el sistema santafesino, que plantea una boleta para cada categoría porque de esa manera se evita el "arrastre" y eso beneficia a los espacios más chicos o locales que tal vez no tengan candidatos para todos los cargos.

Concretamente, la rionegrina Mónica Silva y los dos misioneros habían firmado un dictamen aparte.

En el medio también surgieron muchísimas críticas por el tamaño que tendrá la boleta debido a la gran oferta electoral, sobre todo en caso de las PASO y en la Provincia de Buenos Aires.

La discusión finalmente se saldó con la elección del sistema de boleta única de Mendoza, que tiene un formato horizontal: los cargos a elegir van a en las filas de la izquierda y en las columnas del margen superior se indican los partidos políticos.

"Como hay muchos partidos, esta boleta de forma apaisada se puede poner arriba de las mesas del cuarto oscuro y toda la oferta queda a la vista", destacó el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

Además, el dato clave es que se eliminó el botón de lista completa, que con un solo tilde permitía elegir a todos los candidatos de un mismo partido.

“Los partidos provinciales nos veíamos perjudicados con la existencia, en el modelo cordobés, de un recuadro en blanco para colocar un tilde de boleta completa”, señaló Silva durante la sesión.

La chubutense Edith Terenzi destacó que la BUP funciona en casi toda America Latina: existe en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Solo Argentina y Uruguay no lo tienen a nivel Nacional.

Fuente: Diario Clarín.