Por: Ramón Taborda Strusiat

Ushuaia.- El Dr. Carlos Alberto López, un militante peronista, asumió la presidencia del directorio de la SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) Laboratorios Fin del Mundo en 2018. En abril de 2020, firmó un contrato de locación en el que se nombró a sí mismo como Gerente General, además de continuar recibiendo su salario como presidente, lo que contraviene las normas de la administración pública.

Tras dejar su cargo en marzo de 2020, López intentó cobrar un monto total de 4.875.000 pesos más intereses y costas, argumentando que la sociedad debía pagarle la totalidad de su contrato de cinco años. Sin embargo, su demanda fue rechazada por el Juzgado Civil y Comercial 2 de Ushuaia, bajo la dirección del juez Gustavo González, quien determinó la nulidad absoluta del contrato por improcedente.

En su fallo, el juez estableció que la función para la que López se "autocontrató" no se alineaba con el objeto social del laboratorio y que las condiciones del contrato eran desproporcionadas y contrarias al mercado. Además, se evidenció que la contratación no fue informada a la asamblea de accionistas.

La sociedad Laboratorios Fin del Mundo calculó que López había recibido indebidamente un total de 6.762.530,36 pesos, una cifra considerable para los estándares del sector. El fallo también ordena la realización de una pericia contable para determinar el monto exacto que debe ser restituido.

Este caso resalta la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en la gestión de entidades públicas, así como la importancia de aplicar sanciones adecuadas ante conductas que reflejan una clara sensación de impunidad.