Por: Ramón Taborda Strusiat

Río Grande.- Por FM La Isla, la presidente de la Comisión 6 del parlamento provincial, legisladora Natalia Gracianía, brindó detalles del dictamen al proyecto de Emergencia Integral de la Seguridad Pública en Tierra del Fuego.

La Legisladora Provincial por La Libertad Avanza destacó la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad y abordar la crisis que enfrenta el sistema.

Justamente la presidenta de la Comisión 6 de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del parlamento fueguino, compartió detalles sobre los recientes avances en la legislación vinculada a la seguridad pública en la provincia de Tierra del Fuego.

“Desde el inicio del año, establecimos la seguridad pública como una prioridad en nuestra agenda. Sabemos que la situación es crítica, especialmente en los lugares donde se prestan servicios de detención, donde el hacinamiento es un problema grave que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a los trabajadores del servicio penitenciario”, explicó Gracianía. La legisladora enfatizó la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura, equipamiento y condiciones laborales para mejorar la calidad del servicio.

Durante la reunión de la Comisión de Seguridad, se avanzó en un proyecto del legislador Pablo Villegas (MPF), que sirvió como base para desarrollar un texto definitivo que obtuvo dictamen unánime. Este proyecto declara la emergencia en el sistema integral de seguridad pública de la provincia, abarcando a la Policía provincial, el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados, la línea 911 y los establecimientos para jóvenes en conflicto con la ley.

Gracianía detalló que la ley de emergencia incluye la autorización de recursos para afrontar las necesidades del sistema. “Se destinarán 4.000 millones de pesos del tesoro provincial y se autorizará un endeudamiento de hasta 10.000 millones de pesos. Esto permitirá un presupuesto total de 14.000 millones para obras de infraestructura, compra de equipamiento y capacitación”, sumó.

La Legisladora también destacó la creación de una comisión de seguimiento que permitirá monitorear la implementación de la ley y el uso de los recursos. “La comisión de seguridad tendrá la responsabilidad de recibir informes trimestrales sobre los gastos y las inversiones realizadas, asegurando así un control efectivo sobre el uso de los fondos”, explicó.

La duración de la emergencia se establece en dos años, con la posibilidad de solicitar una prórroga. Gracianía subrayó la urgencia de comenzar con las obras necesarias, especialmente ante la manda judicial que obliga al Gobierno provincial a descomprimir la situación del Pabellón 1 de la Alcaldía Central de Ushuaia.

“Es fundamental que el Gobierno actúe con celeridad. Ya están trabajando en acondicionar espacios en Ushuaia y Río Grande para alojar a las personas privadas de libertad, y esperamos que, una vez aprobada la ley, se inicien las obras lo antes posible”, indicó Gracianía.

La representante legislativa por La Libertad Avanza también mencionó la importancia de repensar las políticas públicas para evitar caer nuevamente en situaciones de crisis. “No solo necesitamos soluciones a corto plazo, sino también un plan a mediano y largo plazo que contemple la inversión en infraestructura y recursos humanos en el ámbito de la seguridad”, afirmó.

Gracianía concluyó su intervención destacando el compromiso de la Legislatura y su bloque, La Libertad Avanza, para trabajar en conjunto y aportar soluciones creativas a los problemas que enfrenta Tierra del Fuego. “Estamos aquí para escuchar y responder a las necesidades de nuestros policías, penitenciarios y todos los trabajadores que enfrentan dificultades en su labor diaria”, finalizó.

Con la expectativa de que la ley sea aprobada en la última sesión del año, Natalia Gracianía destacó que el parlamento provincial se posiciona como una voz clave en la búsqueda de soluciones para fortalecer la seguridad pública en la provincia.