Gobierno analiza congelar los sueldos de los estatales

USHUAIA.- La reciente declaración de emergencia económica por parte de la vecina comuna de Río Gallegos (https://www.opisantacruz.com.ar/2025/11/11/grasso-declaro-la-emergencia-administrativa-y-economica-del-municipio-de-rio-gallegos/)  desató un debate ineludible en la provincia de Tierra del Fuego. Si bien es una acción de carácter municipal, sirvió para exponer la metodología de ajuste implementada por administraciones que no tienen sintonía con la Casa Rosada. La falta de articulación política con el Gobierno Nacional, sumada a decisiones ancladas en lo ideológico, termina impactando de lleno en el bolsillo del contribuyente. Hoy, esta dinámica se observa con creciente dificultad de ocultamiento en el territorio fueguino.

Si bien la gestión fueguina no oficializó la crisis mediante un instrumento legal, los indicadores de desfasaje son patentes. Se registra un estancamiento de los salarios de la planta estatal en términos reales, lo que genera una erosión permanente del poder de compra. Distintas reparticiones operan con partidas presupuestarias exiguas, los servicios esenciales se mantienen a duras penas y el sistema sanitario exhibe claros signos de saturación. El personal de la administración pública verifica esta situación a diario, no por cálculos teóricos, sino al comprobar que sus haberes cubren un porcentaje decreciente de la canasta básica.

La protesta gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) frente a la Casa de Gobierno, iniciada recientemente, puso blanco sobre negro esta delicada coyuntura. Esta medida no constituye un hecho aislado ni una simple expresión de descontento. Se trata de la respuesta acumulada a meses de negociaciones paritarias insuficientes que no lograron equiparar la pérdida inflacionaria y un progresivo desgaste en todas las áreas del organigrama estatal. El paro de los educadores, por su parte, continúa vigente y la crispación se propaga a lo largo de toda la estructura administrativa.

En paralelo, el Ejecutivo provincial sostiene un relato de “modernización institucional” para la gestión. Sin embargo, en el plano operativo, la realidad se traduce en recortes, ralentización de la burocracia y un andamiaje estatal operando con lo justo y necesario. La brecha entre el mensaje transmitido por el Gobierno y el día a día en dependencias, centros de salud y establecimientos educativos es tan ostensible que la discusión ya no tiene margen entre los propios funcionarios.

En este escenario complejo, se recibió un potente señalamiento político con impacto en toda la provincia. El gobernador Gustavo Melella quedó fuera de la convocatoria a la mesa de diálogo de mandatarios con el presidente Javier Milei. Esta marginación no fue un simple detalle protocolar. El propio Milei justificó la omisión con un latigazo verbal directo. El dardo se dirigió a los dirigentes provinciales identificados con el kirchnerismo, que persisten en discusiones de índole ideológica cuando la coyuntura económica demanda imperiosamente cintura política, diálogo y concertación efectiva. Melella fue ubicado públicamente dentro de este grupo.

El mensaje presidencial tuvo una rápida asimilación en Tierra del Fuego, sobre todo entre la masa de empleados públicos. La conclusión fue categórica. La militancia ideológica no sirve para llenar el changuito del supermercado. Los pronunciamientos retóricos no financian sueldos, no aseguran el funcionamiento de los servicios ni ofrecen soluciones concretas a los habitantes. La actual coyuntura deficitaria de la provincia no se origina en lineamientos impuestos por el Gobierno Nacional, sino en una conducción provincial que no logra dimensionar la situación real del territorio y se aferra a un discurso desfasado de la realidad macroeconómica.

El oficialismo provincial goza de una cómoda mayoría en la Legislatura, con ocho parlamentarios que convalidan cada proyecto. Sin embargo, esta base de sustentación política no es suficiente para contener el retroceso económico. Los agentes estatales lo perciben directamente en sus haberes, los ciudadanos lo constatan en la deficiencia de las prestaciones y las distintas áreas de gobierno reconocen que se encuentran trabajando al borde del colapso. En contraste con Santa Cruz, que optó por transparentar el estado de sus cuentas con un decreto de emergencia, Tierra del Fuego elige transitar la misma curva descendente sin reconocer el problema.

El interrogante que se impone en toda la provincia es llano y sin dobleces. ¿Hasta cuándo es factible mantener un sueldo planchado y un Estado que se repliega, mientras la administración insiste en un posicionamiento ideológico ineficaz para la resolución de los problemas? La sentencia del Presidente Milei no posee complejidad técnica, pero golpea de lleno con la cotidianeidad fueguina. Si un mandatario provincial no logra entender la aritmética básica, el impacto directo se traslada a la ciudadanía.