La Provincia ya le debe a Ushuaia $14 mil millones

USHUAIA.- La deuda que mantiene el Gobierno provincial con la Municipalidad de Ushuaia alcanzó los 14 mil millones de pesos y se convirtió en el principal motivo de preocupación para la administración capitalina. Así lo expresó el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, quien calificó la situación como “realmente insostenible” y reclamó la puesta en marcha de mecanismos que permitan regularizar la remisión de fondos a los municipios.

En declaraciones radiales, el funcionario señaló que el pasivo acumulado llegó a cifras históricas. “Mientras la Legislatura estaba por sesionar, la deuda llegó a puntos históricos; catorce mil millones de pesos de deuda al viernes de la semana pasada”, afirmó.

Iriarte sostuvo que el atraso en las transferencias afecta la capacidad de planificación de los gobiernos locales y consideró indispensable generar herramientas que otorguen previsibilidad en la administración de los recursos municipales.

En ese marco, volvió a defender la necesidad de sancionar la denominada Ley de Goteo, iniciativa que busca establecer un mecanismo automático para la distribución de fondos. Según indicó, se trata de una de las demandas más urgentes de los municipios ante las demoras registradas en el envío de partidas provinciales.

El funcionario confirmó que el proyecto continuará siendo analizado en comisión y expresó expectativas de alcanzar acuerdos políticos que permitan avanzar con su tratamiento legislativo. Además, valoró la apertura de instancias de diálogo institucional para intentar encontrar una salida al conflicto financiero.

Como parte de ese proceso, explicó que durante esta semana debería conformarse una mesa técnica integrada por representantes de los equipos económicos involucrados. El objetivo será revisar las transferencias efectuadas por Nación y Provincia, determinar con precisión los montos adeudados y diseñar un esquema que permita reducir progresivamente el pasivo acumulado con los municipios.

Iriarte consideró además que el escenario actual es consecuencia de una creciente falta de consensos políticos dentro del oficialismo provincial. A su entender, la concentración de decisiones y la pérdida de acuerdos terminaron profundizando los conflictos institucionales que hoy atraviesa la provincia.

Por otra parte, se refirió al debate por la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo provincial y remarcó que la señal política enviada por la Legislatura fue contundente. “Once legisladores le dijeron al gobernador que no es momento para una reforma”, sostuvo.

El dirigente justicialista recordó que dentro de su espacio inicialmente se había planteado la posibilidad de postergar la discusión para otro momento, aunque finalmente se avanzó con la derogación de la norma que habilitaba el proceso. En ese sentido, entendió que prevaleció una postura orientada a evitar erogaciones económicas en un contexto social complejo.

Asimismo, manifestó que la discusión sobre una eventual reforma constitucional no debe descartarse, aunque consideró que las prioridades actuales de la provincia pasan por otras problemáticas vinculadas a la situación económica y social.

Finalmente, cuestionó la decisión de insistir con ese debate en medio de un escenario marcado por dificultades económicas, incertidumbre laboral y problemas que afectan directamente a las familias fueguinas. Según expresó, destinar esfuerzos institucionales a una reforma constitucional en estas circunstancias implicó alejarse de las preocupaciones cotidianas de la población.